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Las bajas penas con las que se castiga el cultivo de esta droga provocan un efecto llamada 

España tiene la legislación más laxa de Europa contra el robo de luz eléctrica

Las plantaciones de marihuana funden hasta diez fusibles al día en los barrios de Sevilla

Cogollos de marihuana. / M. G.

Fernando Pérez Ávila 19 Marzo, 2023 - 06:01h

Las bajas penas a las que se enfrentan los cultivadores de marihuana en España favorecen la proliferación de plantaciones en todo el país. Es uno de los negocios ilícitos más rentables, tanto por los beneficios que se obtienen como por el escaso castigo al que se enfrenta quien se mete en él.

Sevilla es una de las ciudades más afectadas por esta fiebre del cannabis, que ha colonizado determinados barrios de la capital andaluza. Son muchas las viviendas, locales y garajes que se utilizan como invernaderos para la marihuana desde hace unos años, lo que ha provocado una elevada demanda de electricidad, similar a la de una industria, que se toma de manera irregular a través de enganches ilegales a la red eléctrica.

Incautaciones totales en Sevilla. Fuente: Ministerio del Interior / Dpto. Infografía.

Esto se traduce en sobrecargas, incendios y apagones. Recientemente Endesa elaboró un informe en el que constaba que 39 de los 3.200 centros de transformación de la ciudad registraban el 57% de las averías. Eran los ubicados en el Polígono Sur, Torreblanca, Padre Pío, Palmete y La Plata. La compañía achaca a la multitud de plantaciones ilegales que hay en estos barrios todos los problemas en el suministro de la zona. 

Los datos de incautaciones que publica anualmente el Ministerio del Interior avalan esta teoría, pues el decomiso de plantas y cogollos de marihuana se ha incrementado enormemente en el sur de España en los últimos años, con Granada como uno de los principales focos de producción de esta droga. Entre los años 2020 y 2021, el aumento en Andalucía fue del 260%, con 70 toneladas de marihuana requisadas en el último de los ejercicios.

Incautaciones en España por provincias. Fuente: Ministerio del Interior / Dpto. Infografía.

Uno de los factores que anima a los cultivadores a insistir con esta actividad ilícita es la impunidad, la laxitud del Código Penal español que hace que salga muy barato plantar droga y defraudar la luz. La compañía encargó al bufete Garrigues un estudio comparativo de la legislación española al respecto con otras normativas europeas. España tiene las penas más bajas de todo el continente.

El delito de defraudación del fluido eléctrico se castiga en España con multas de tres a doce meses. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, la multa es de uno a tres meses. La comisión de este delito no requiere de la utilización de dispositivos o instrumentos sofisticados, "sino que el uso de un alambre o un empalme de cables es suficiente", apunta el informe.

Incautaciones en Andalucía. Fuente: Ministerio del Interior / Dpto. Infografía.

"Nos encontramos ante un delito de resultado, es decir, que para su apreciación requiere la efectiva producción de un perjuicio económico", dice el texto. Igualmente, el delito requiere ánimo de lucro, que se obtenga una ventaja patrimonial injustificada, tanto para uno mismo como para un tercero. No existe la modalidad imprudente y está considerado un delito común, lo que significa que puede ser cometido por cualquier persona, sin que tenga que ser el titular del contrato de suministro. "Es el único de los delitos patrimoniales próximos que no tiene aparejada una pena privativa de libertad en ningún supuesto".

El robo de luz casi siempre está vinculado al cultivo de cannabis en espacios cerrados. Las penas previstas para estos delitos se enmarcan en una amplia horquilla que abarca entre los seis meses a un año de prisión para hechos de escasa entidad hasta, en el otro extremo, penas de entre 12 y 18 años para los jefes de las mafias de la droga. También se sancionan con multas que van desde el tanto al cuádruplo del valor de la sustancia.

El estudio compara la legislación española con la francesa, la portuguesa, la italiana y la alemana. En el caso de Francia, la defraudación del fluido eléctrico se considera una modalidad de hurto. Está penado con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros. Si el valor de lo hurtado es inferior o igual a los 300 euros y se repara el daño, se puede imponer una sanción fija de 300 euros, incluso en caso de reincidencia. Por el contrario, la pena se agrava en diferentes circunstancias, como que el hurto lo cometa una banda organizada, en cuyo caso la pena es de hasta cinco años de prisión y la multa de 75.000 euros.

Operación policial contra el tráfico de marihuana en Las Vegas. / José Ángel García

Portugal tampoco cuenta con un tipo penal específico que sancione la defraudación de fluido eléctrico. Se encaja dentro del delito de hurto, considerando la energía como un bien mueble que puede ser objeto de sustracción. Estos supuestos se sancionan con penas de hasta tres años de prisión o multa. Esta última, igual que en España, se fija mediante un sistema de días-multa, cuya cuantía se determina según la capacidad económica del procesado y sus circunstancias y las del hecho objeto de sanción, siendo el importe diario mínimo de 5 euros y el máximo 500.

Hay una serie de supuestos en los que el delito se considera "cualificado". Uno de ellos es cuando se impida o perturbe de cualquier forma el funcionamiento de los servicios de comunicaciones o el abastecimiento público de electricidad. En ese caso, la sanción prevista es de hasta cinco años de prisión o multa de hasta 600 días.

El Código Penal portugués prevé otras circunstancias que agravan la sanción e implican una pena privativa de libertad de dos a ocho años. Entre ellas están que el valor de lo hurtado sea considerablemente elevado, superior a los 20.400 euros, o que la sustracción tenga una trascendencia importante para el desarrollo económico. En esos casos, la horquilla de penas se mueve entre los dos y los ocho años de prisión.

Cables cruzados de fachada a fachada en una calle de Las Vegas. / José Ángel García

La legislación italiana también incluye la defraudación del fluido eléctrico como una modalidad de hurto, aunque cuenta con un apartado específico en el que se considera la electricidad como un bien mueble con valor económico. Los delitos de hurto son sancionados en Italia con penas de seis meses a tres años de prisión más una multa. Sin embargo, la pena se agrava en una serie de supuestos como, por ejemplo, si el fraude se comete usando violencia contra las cosas, sobre metal u otros componentes sustraídos de infraestructuras. En esos casos, se impone una pena de uno a seis años, que puede aumentar hasta los diez sin concurren más agravantes.

La normativa alemana es más similar a la española, en cuanto a que hay una modalidad delictiva propia llamada sustracción de energía eléctrica. La pena prevista es de hasta cinco años, salvo que el delito se cometa con la intención de causar daño a otra persona, que tendrá un máximo de dos años de condena. Las multas oscilan entre uno y 30.000 euros diarios, según el patrimonio del infractor.

El informe expone también una serie de razones de política criminal para que se agraven las penas por el robo de luz. "En primer lugar, las actuaciones no profesionales sobre los sistemas y redes de distribución de energía eléctrica pueden ser peligrosas para la integridad física de las personas que actúan sobre ellas". No sólo a nivel individual de la persona que manipula la instalación, sino que puede afectar a otras, por ejemplo si se produce un incendio por sobrecalentamiento.

Igualmente, se producen apagones por averías, sobrecargas, caídas de tensión o cortocircuitos. Las empresas de distribución de energía se ven afectadas doblemente. Por un lado, la defraudación tiene un impacto directo en los ingresos que pueden generar. Por otro, deben afrontar mayores costes internos de mantenimiento y reparación. También impacta en la capacidad recaudatoria de la hacienda pública, "considerando que un tramo no menor de la facturación de la energía eléctrica está destinada al ingreso de impuestos por parte del Estado".

Operarios de Endesa en las Tres Mil Viviendas. / Fernando Ruso / Lateral

El informe de Garrigues advierte del efecto llamada que la laxitud de las penas puede provocar para los cultivadores de marihuana, en especial en los países que comparten frontera con España. "Puede suponer un incentivo para un efecto llamada y que las organizaciones criminales dedicadas a ello decidan radicarse en España por la benevolencia comparativa" de las leyes.

El despacho propone también una modificación del artículo 255 del Código Penal para agravar el delito de defraudación eléctrico. Por un lado, plantea un aumento de las multas previstas, para que sea proporcional a los daños producidos. Por otro, propone incluir una pena de prisión similar a la prevista en el resto de delitos patrimoniales más próximos, como el hurto, el robo, la estafa o la apropiación indebida. "De esta manera se consigue una homogeneización punitiva respecto a otros tipos en todos los casos", apunta el informe. Otra opción es la de incluir un subtipo agravado específico del delito cuando éste sirva como medio para la comisión de un delito contra la salud pública.

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