Diario Criterio revela algunas inconsistencias en los contratos para la reconstrucción de Providencia y las polémicas casas, cuyo valor real asciende a 719 millones de pesos.

Adagios populares como “de eso tan bueno no dan tanto”, “lo barato siempre sale caro” y “salió más caro el caldo que los huevos” parecen encajar a la perfección en la polémica alrededor de la reconstrucción de Providencia, tras la emergencia ocasionada por el huracán Iota.

Como se recordará, el 15 de noviembre de 2020 Iota impactó a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, semidestruyendo las dos últimas, causando la muerte de tres personas, 2.347 familias damnificadas, afectando 2.011 viviendas y edificaciones públicas.

Todo el proceso de reconstrucción comenzó con el pie izquierdo. Desde la desafortunada promesa del entonces presidente Iván Duque, quien, en medio de los escombros, aseguró que Providencia sería reconstruida en 100 días, pero casi dos años después los isleños aún esperan las obras.

Ahora, una nueva indignación nacional se sumó cuando se supo, de boca del actual mandatario, Gustavo Petro, que cada vivienda reconstruida costó 600 millones de pesos.

A medida que los medios y la opinión pública se interesaron por el tema, la cifra del valor de las viviendas aumentó hasta llegar a 695 millones de pesos por casa construida, tal como lo reveló el interventor de ese proyecto, durante una entrevista en La W radio.

Esto es lo que vale 600 millones de pesos en Providencia. Un robo de Duque. El vídeo me lo envía un trabajador de la isla. pic.twitter.com/dhjTR1REv3

Sin embargo, Diario Criterio se puso a la tarea de revisar algunos de los contratos, convenios, informes y auditorías existentes en torno al proceso de reconstrucción de Providencia y encontró datos llamativos y posibles sobrecostos en las facturas de compra.

Desde contratistas con dos obras, baños públicos que valdrían más de 170 millones de pesos cada uno, frazadas que no se habrían entregado y errores insólitos, como el diseñar en planos casas más grandes que los lotes, son algunas de las presuntas irregularidades.

Para empezar, hay que aclarar que algunas de las casas que se construyeron en Providencia no costaron 600 millones de pesos como denunció Petro, ni 695 millones como lo aseguró el interventor, sino 719 millones de pesos.

Ese es el valor real que refleja un documento de la propia interventoría Mastreplan Ingeniería, la firma que auditó el contrato del Consorcio Providencia, a la cual se le encargó la construcción de 330 casas de las 1.134 que se requieren.

Resulta que 121 de esas viviendas alcanzaron ese valor (719 millones de pesos), según se desprende del informe de la interventoría conocida por Diario Criterio. Se trata de las casas tipo 4, cuyos lotes son de 88 metros cuadrados.

Las 209 viviendas tipo 2 restantes de ese contrato con el Consorcio Providencia fueron las que costaron, cada una, 681 millones de pesos. El lote de esas casas es de 114 metros cuadrados.

En carta blanca, cada metro cuadrado de esas viviendas tuvo un costo promedio de 8.105.000 pesos. Es decir, el mismo precio que se pagaría por metro cuadrado de un apartamento en los exclusivos sectores de El Poblado, en Medellín, o El Nogal, en Bogotá.

Para el ingeniero Elkin Humberto Zuluaga Gómez, representante legal de la firma interventora Masterplan, la polémica alrededor de los valores de esas viviendas tiene una explicación simple: costos agregados.

Dicho en otras palabras, el interventor argumenta que problemas como la distancia de la isla, la pandemia, la escases de contenedores y otros factores impactaron el valor unitario de cada casa que, en condiciones normales, en el interior del país, valdrían un promedio de 300 millones de pesos.

Por ejemplo, según el informe de costo unitario en poder de este medio, el valor por casa sería de 302 millones de pesos, pero al sumarle los costos agregados como resistencia, transporte marítimo, mano de obra, hospedaje, alimentación, etc., el precio se incrementó en otros 392 millones por vivienda.

No obstante, ninguno de esos costos se compadece con la realidad inmobiliaria del país y menos con las políticas públicas de vivienda.

El costo final de esos inmuebles parece absurdo, si tenemos en cuenta que, en el caso de Providencia, no había que comprar el terreno porque los damnificados por el huracán son propietarios o poseedores de dichos lotes.

Este medio tuvo acceso a un documento público de 2020 en el que el gobierno del entonces presidente Duque resume su Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural. Lo paradójico es que, en ese informe, el valor promedio del metro cuadrado de las casas a construir en el campo colombiano no supera los 700.000 pesos.

De hecho, un ingeniero consultado por Diario Criterio y cuya constructora A&M Cartago SAS desarrolla proyectos habitacionales en el Valle del Cauca, explicó que, aún si le restaran los costos agregados a las casas de Providencia, el precio unitario sigue siendo muy alto.

“Por ejemplo, aquí construímos casas sobre lotes de 66 metros cuadrados, con redes de acueducto, alcantarillado, energía y acabados, por un valor promedio de millón y medio el metro cuadrado, en sectores confortables, y, en ese valor, está incluida la utilidad de nosotros como constructores”, argumentó el ingeniero que pidió omitir su nombre.

Para entender un poco el proceso de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras la afectación por el paso del huracán Iota, hay que desglosar el esquema administrativo montado por el gobierno anterior.

Una vez expedidos los Decretos Presidenciales a través de los cuales se declararon la emergencia y situación de desastre, se armó un entramado de convenios con varias entidades públicas para disponer de los dineros y contratar de manera directa, algo que está permitido por la ley para esas eventualidades.

Básicamente, todo giró en torno a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), La Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter) y Fiduagraria.

Ese comité fiduciario fue el encargado de administrar el patrimonio autónomo financiado para atender la emergencia en San Andrés y Providencia, y que contó con recursos por más de 1.2 billones de pesos para desarrollar 371 actividades entre reconstrucción e intervención estructural.

Ese comité fiduciario, junto con los ministerios y departamentos administrativos, contrataron las obras necesarias en los 20 sectores impactados: educación, vivienda, saneamiento básico, emprendimientos, turismo, recreación, deporte, etc.

En el caso concreto de las 330 casas a cargo del Consorcio Providencia, ese contrato se hizo a cero costo, es decir, el contratista no tendría utilidad, sino que el valor cobrado sería únicamente por concepto de materiales, mano de obra y logística.

Casi todos coinciden en reconocer el prestigio de las tres empresas que integran el Consorcio Providencia: Constructora Bolívar, Marval y Amarilo; las tres, son sociedades anónimas con trayectoria en el sector de la construcción.

Así las cosas, por las 330 casas construidas por el Consorcio Providencia se firmó un contrato en febrero de 2021 por un valor estimado de 115.000 millones de pesos y con un plazo de ejecución a 15 meses.

No obstante, según reportes de la Interventoría, ese proyecto ya facturó un costo de 229.512 millones y un poco más de la mitad, es decir, el 56 por ciento de ese valor, fue por concepto de costos agregados. Como los abuelos dirían, “salió mas caro el caldo que los huevos”.

Entre las decenas de órdenes de compra en el proceso de reconstrucción de Providencia, aparece un contrato llamativo.

Se trata del contrato de suministro No. 9677-PPAL001-1034-2021, por 2.776 millones de pesos, celebrado entre la Unidad Nacional Para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la empresa Inversiones Cascabel SAS, con sede en Cartagena (Bolívar) y representada legalemente por el señor Elis Douer Ambar.

Esa compra se habría hecho en junio de 2021 tal como aparece en las actas del Comité Fiduciario y, básicamente, tuvo como propósito la compra de materiales de construcción para vivienda.

En esa orden de compra, se facturaron 10.160 cubiertas (tejas) Ajover, 1.200 tornillos autperforantes para madera de una referencia específica y 700 caballetes trapedozal.

Si bien las tejas y los caballetes aparecen con valores similares a los del mercado y, en algunos casos, por debajo del precio promedio, no sucede lo mismo con los tornillos autoperforantes.

En ese contrato dice claramente que la cantidad entregada fue de 1.200 tornillos, cuyo valor unitario es de 42.100 pesos, para un total de 50.520.000 pesos.

Sin embargo, Diario Criterio buscó en internet ese mismo tornillo, con su referencia, y cotizó en algunas ferreterías de Cartagena (Bolívar), encontrando que el precio cobrado en la factura a la UNGRD estaría muy por encima del valor comercial de ese producto.

Por ejemplo, en la Distribuidora Ancla de Cartagena ofrecen ese mismo tornillo autoperforante para madera Ref. FTM 14014200 a un valor de 95.426 pesos, pero la caja por cien unidades. Eso quiere decir que, cada tornillo costaría 954 pesos.

La única explicación razonable de esas diferencias tan abismales en los precios de ese tornillo sería que la cantidad consignada en la factura que se le cobró a la UNGRD no corresponde a cada tornillo, sino a la caja por 50 o 100 unidades.

Sin embargo, no fue posible resolver estas dudas, ya que este medio intentó comunicarse infructuosamente con la empresa Inversiones Cascabel, pero ni en el número celular, ni en los teléfonos fijos que aparecen en su registro mercantil atendieron.

Tampoco hubo respuesta de Susana Correa, exgerente para la reconstrucción de Providencia durante el gobierno Duque. Ella nos pidió esclarecer todas las inqueitudes sobre el tema, “con quienes contrataron y quienes hicieron las casas”.

Como la reconstrucción de San Andrés y Providencia se hizo bajo la figura de contratación directa, ante la situación de emergencia y urgencia para atender a los damnificados, no hubo licitaciones o subastas.

No obstante, llama la atención que, en medio de la nutrida oferta de contratistas, en algunos casos puntuales le asignaron varios contratos a una misma empresa: Constructora Meco SA.

Esa constructora, representada legalemente por el costarricense Marco Tulio Méndez Fonseca, tuvo la fortuna de hacerse a dos contratos de manera directa y que suman un valor promedio de 54.562 millones de pesos.

Las dos entidades contratantes fueron el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El primer contrato lo firmaron en febrero de 2021, por 17.367 millones de pesos, para la nueva terminal de pasajeros y la ampliación de la plataforma del aeropuerto El Embrujo de Providencia:

El segundo contrato se firmó en diciembre de ese mismo año, por valor de 37.195 millones de pesos, para intervenir las afectaciones sobre las vías circunvalares de San Andrés y Providencia:

Este medio se comunicó con una de las asesoras jurídicas de la firma constructora para conocer la versión del contexto en que se ganaron esos contratos, pero la abogada dijo desconocer el tema y no estar autorizada para hablar ante los medios.

Otra de las facturas que llama la atención se relaciona con la compra de frazadas para proporcionar a los damnificados.

Se hizo a través del contrato de compraventa No. 9677-PPAL001-1590-2021, entre el Fondo Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres y la empresa CI Alliance SA, cuyo representante legal es Óscar Darío Martínez Barreto

En este caso, lo llamativo no es el precio de las cobijas, las cuales se facturaron a 28.600 pesos cada una, sino la cantidad comprada frente a lo que se entregó.

En la factura se aprecia la compra de 6.600 frazadas por un valor total de 188.760.000 millones de pesos. Pero en un informe de auditoría de la Contraloría, se advierte que a febrero de 2021 (o sea, tres meses después del huracán) tan solo se había entregado 2.141 cobijas.

Hay un contrato que merece una mención especial y tiene que ver con la reconstrucción de tres baños turísticos públicos en las playas de Providencia y la construcción de otros tres.

Ese contrato, que fue paralizado porque aún no había claridad sobre el sitio donde se construirían los tres baños nuevos, tiene un valor de 1.048 millones de pesos. Eso quiere decir que cada batería sanitaria les costará a los colombianos, en promedio, 174 millones de pesos.

“Reconstrucción de tres baterías de baños afectadas por el huracán IOTA y la construcción de tres nuevas baterías de baños, con el fin de promover la recuperación de la economía y mejorar la competitividad turística de las diferentes playas ubicadas en la isla de Providencia”, dice el objeto del contrato.

Ese econtrato se le asignó a la empresa Dinacol SA y, en la auditoría de la Contraloría, se reportaron problemas con la ejecución de las obras por falta de predios.

“Una vez se definan los predios por parte de la Alcaldía Municipal de Providencia, se presentará el balance presupuestal, (pendiente definir profundidad de cimentación) en los predios seleccionados y cantidad de unidades posible de ejecutar (la Alcaldía Municipal debe aclarar las intervenciones de la unidad del centro)”, dice el Boletín Especial de Seguimiento de la Contraloría General.

En el ramillete de irregularidades en el proceso de reconstrucción de Providencia hay de todo, pero, sin duda, uno de los datos más exóticos tiene que ver con la planeación de las casas a construir.

Por ejemplo, en el seguimiento de la Contraloría a ese proceso, con corte a mayo de 2021, se encontró perlas cómo esta: uno de los contratos para reconstruir las viviendas afectadas por el huracán tuvo que suspenderse por un error increíble.

Resulta que las casas concertadas entre el Minvivienda y la comunidad raizal, se contempló viviendas con 12 metros de frente, pero los lotes apenas tienen 10 metros o menos. Es decir, las casas diseñadas en los planos no cabían en los terrenos.

“En cuanto al proceso de construcción se ha venido presentado una gran dificultad debido a que las casas concertadas con la comunidad en el proceso de concertación presentan 12 metros de frente, mientras que la mayoría de lotes tiene 10 metros y, a veces, menos, por lo tanto, la tipología de las casas definidas no cabe en la mayoría de los lotes. Esta situación se presenta en cerca del 38% de los lotes evaluados (sic)”, dice el informe de seguimiento de la Contraloría.

Sumado a lo anterior, surgió otro problema por falta de planeación: la gerencia de la reconstrucción no contempló que entre los damnificados habría propietarios y poseedores de los terrenos donde las casas destruidas por el huracán estaban construidas.

“Este proyecto no diferenciaría entre propietarios y poseedores, por lo tanto, quienes tuvieran las viviendas ocupadas antes del paso huracán tendrían derecho a que su vivienda fuera reconstruida. En conclusión, no existe ninguna condición de saneamiento predial previo para adelantar la ejecución del proyecto de contrucción de viviendas”, concluyó el informe auditor.

Posterior a la emergencia causada por el huracán Iota, el gobierno nacional recaudó 5.387 millones de pesos en donaciones, pero a juzgar por los costos agregados, todo indicaría que, en este caso, “lo barato sale más caro”, porque ya se invirtieron 1.2 billones de pesos y los raizales de San Andrés y Providencia aún siguen clamando por ayudas.

Días después de publicada esta investigación periodística, una empresa de asesoría en comunicación estratégica y mercadeo se contactó con reporteros de este medio, en calidad de voceros de Inversiones Cascabel, para allegar facturas y cotizaciones de venta, pero con otras fechas, en las que se aclara que el valor cobrado por el mismo tornillo autoperforante para madera Ref. FTM 14014200 corresponde a cajas de cien unidades y, por tanto, el precio de cada tornillo no sería de 42.100 pesos como, se sugiere en el titular de este artículo, sino de 421 pesos.

No obstante, ninguna de esas facturas y cotizaciones allegadas a este medio contiene la aclaración específica de lo pagado por la UNGRD en el contrato de suministro No. 9677-PPAL001-1034-2021 por 2.776 millones de pesos y que motivó la confusión.

Anexamos copia de la factura que nos allegaron para aclarar el tema, advirtiendo que ese documento fiscal no corresponde a la misma fecha y cantidad de tornillos pagados en el contrato que sirvió de referencia para esta investigación.

Pero en Colombia no pasa absolutamente nada, lamentablemente eso se veía, pero quién responde: nadie y los raizales seguirán viviendo está situación sin viviendas dignas

En el 2020 fuimos escogidos como uno de los proyectos del concurso internacional organizado por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS ,más de 100 propuestas presentadas y a la fecha no ha sido tenida en cuenta , tenemos para enviarles la información necesaria, las casas nuestras pro ejemplo de 2 pisos tienen 6,10 de ancho con posibilidad de crecimiento,área neta 60 mts2 +terrazas 11,06 , por la topografía de la isla , a veces no se necesita rampa ,y se debe diseñar para los 4 puntos cardinales por qué es una isla de 4 KLM de largo de este a oeste y de 7 km de norte a sur .

Definitivamente la frase ESTE PAÍS ESTÁ Diseñado Para Robar, es muy cierto, ni en los peores casos nos salvamos.

Que tristeza con las personas afectadas, un Gobierno indolente que lo que hizo fue aprovecharse del dolor ajeno, NO HAY DERECHO, tienen que pagar los responsables de está estafa a los isleños, el gobierno Petro debe buscar los culpables y que esas RATAS ASQUEROSAS paguen por el Robó que hicieron.

Hay personas agrediendo a los Raizales con calificativos de mal agradecidos o jodones, como ellos mismos han escrito en los medios, pero quiero aclarar, primero: El dinero de la reconstrucción no vino del gobierno nacional, segundo: Los raizales sugerimos viviendas económicas, respetando la cultura y Seguras, a conciencia, tercero: Fue el gobierno a través de Findeter, Unidad de riesgos y algunos consorcios quienes inflaron, despilfarraron, e irrespetaron a la comunidad dejándolos peor de lo que estaban. Así que ubíquense y no sean injustos y ciegos ante la realidad de una comunidad que fue revictimizada, no defiendan lo incorrecto, la corrupción, llamemos las cosas por su nombre. Los raizales por tradición son personas de bien, si algunos aprendieron a ser corruptos fue desgraciadamente con personas como ustedes que tapan la verdad de la verguenza que por décadas algunos gobiernos deben tener por todo el saqueo y robo hasta de la dignidad de los pueblos. No somos los raizales los del error, son los ladrones con títulos, que se divertían de lo lindo pasando sus vacaciones soñadas mientras un pueblo sufría. Las donaciones se enviaron para reconstruir a los damnificados NO PARA ENRIQUECER A LOS SINVERGUENZAS QUE TODOS YA DESCUBRIERON, EXCEPTO UNOS POCOS DESCARADOS QUE AUN LOS DEFIENDEN.

Ponen el titular y es evidente q no compraron 1.200 tornillos para anclar 10.160 tejas. Incluso reconocen q esas 1.200 se podrían referir a cajas de tornillos de 50 o 100 unidades y hasta reconocen q las tejas salieron a buen costo… Pero hay q titular q los tornillos eran 1.200 y los facturaron a 42.500 cada uno y además hacer un dibujo de tornillos con diamantes incrustados.

Colombia un país diseñado para robar, las entidades de control las manejan los mismos que deberían ser vigilados, los medios aportan también un porcentaje de complicidad, porque son parte del gobierno de turno y, se hacen de la vista gorda.

Que vergüenza. Nisiquiera se apiadan de las personas vulnerables. Todo sigue como si nada. Saben quienes son y como si nada hubiera pasado. Estamos o nos tenían anestesiados? Cuando sera que pase el efecto para despertar y sacudirnos de estas porquerías. Estan podridos estos corruptos.

Esta situación de San Andrés y Providencia, despierta la suspicacia de cuánto puede ser el sobrecosto y el robo de todas las obras que se contrataron durante el gobierno Duque.

La Corrupción a la orden del día en el gbno Duque. Si eso se robaron en las casas cuánto robarían en las VACUNAS?

Es increíble como un periodista puede llegar tan fácilmente a deducciones tan irresponsables con ánimo de desprestigiar a un gobierno con el que posiblemente no esté de acuerdo. Yo soy constructor y viaje a Providencia buscando contruir una casita y mis averiguaciones me hicieron desistir porque el costo era verdaderamente muy alto; no es sino que averigüe rebuscando cuánto cobran por un almuerzo corriente allá y lo compare con el precio del interior del país.

Hermano Pedro … y los tornillos de Emsirva en su momento no fueron a 60 mil? En honor a la verdad y para que no aparezcas como con sesgo antiuribista, deberías hacer un ranking nacional de los tornillos más caros de la historia de la contratación pública en Colombia … (Tal como los consabidos mundiales y políticamente correctos para Colombia: Himno nacional (no tengo el dato de cuándo fue el concurso) Biodiversidad (seremos el único país del globo en la zona ecuatorial?) “Pájaros” Del Valle Calima y sus “Vientos” Cali Salsa y Mujeres Democracia en general Etc. Para no tocar otros inventados por el castro chavismo petrista como: Muertos Desaparecidos Secuestrados Pobreza Hambre Desigualdad)

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