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Desde radares hasta un sistema indígena de alerta temprana, Perú está encontrando formas innovadoras de proteger su selva tropical
Ocho comunidades de la Amazonía peruana han sido equipadas con drones, GPS y smartphones para ayudar a proteger su territorio (Imagen © Eli Dávila / WWF)
La Amazonía está en alerta roja. En Perú, traficantes de tierras, taladores ilegales y buscadores de oro vienen destruyendo a un ritmo acelerado este ecosistema que en 2020 superó sus niveles más altos de deforestación en dos décadas, de acuerdo con cifras oficiales.
A medida que estas amenazas cobran más fuerza, organizaciones de todo el mundo se han juntado para poner distintas tecnologías al servicio de la Amazonía en manos de los defensores del medioambiente, quienes viven y dependen de la selva.
Invasiones, incendios forestales, derrames de petróleo y asesinato de sus defensores son amenazas latentes en los territorios indígenas, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2439 comunidades nativas en Perú. Alertar sobre estos peligros era, hasta hace muy poco, casi imposible para las mismas comunidades.
“Hacíamos reportes en papel, no había forma de recoger evidencias y cuando acudíamos a la autoridad no nos hacían caso”, recordó Lenín Sánchez, coordinador de monitoreo de Aidesep.
Sánchez es experto del Sistema de Alertas y Acciones Tempranas de Aidesep (SAAT), una nueva plataforma que ha cambiado esta dinámica. La asociación utiliza el sistema para vigilar las amenazas en territorios indígenas y predecir sus posibles efectos. Para eso, hasta ahora ha instalado módulos de monitoreo en ocho de las comunidades nativas más asediadas en Amazonas, Loreto y Ucayali, en el noreste de Perú. Dichos puntos cuentan con drones, GPS, smartphones, entre otros, a disposición de quienes vigilan cada comunidad.
“El SAAT genera alertas en tiempo real y permite anticipar en qué tiempo y espacio una amenaza puede desencadenar situaciones peligrosas”, detalló Sánchez a Diálogo Chino.
Así ha sido en Shambo Porvenir, en Ucayali, la segunda región amazónica más grande de Perú. En el sobrevuelo con drones, los veedores indígenas descubrieron que los agricultores locales habían instalado campamentos en sus tierras y emitieron una alerta. “De inmediato sugerimos como medida preventiva que conversen con el centro poblado que estaba invadiendo y así se pudo evitar un conflicto”, dijo Sánchez.
“Todavía queda mucho por hacer, pero el SAAT ya está ayudando bastante a prevenir conflictos y a tener claridad”, dijo Sánchez sobre el sistema que ha permitido comprobar que las principales amenazas para las comunidades en San Martín son las invasiones; en Loreto, los derrames de petróleo; en Amazonas la minería ilegal; y en Ucayali, la tala por monocultivos. También ha hecho posible dar seguimiento a sus defensores ambientales bajo acecho por proteger el territorio.
El tráfico de madera ilegal es el tercer crimen transnacional más rentable, después de las drogas y los productos falsificados, según Interpol. En efecto, se calcula que hasta un 30% de toda la madera comercializada en el mundo proviene de esta actividad ilícita, según el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente. Y en Perú la cifra asciende a un 37% del total producido, según el índice de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Los traficantes suelen “blanquear” la madera, mezclando aquella obtenida de manera legal con la que es extraída mediante sobornos, así como con licencias y documentaciones falsas.
Contra ese tipo de delito está Xylotron, una tecnología de visión artificial con la que operadores de control podrán identificar especies de madera de forma automática y en tiempo real, sin necesidad de un laboratorio.
Su sistema está conformado por un portátil que, conectado a una cámara, realiza una captura de imágenes en los cortes transversales de una muestra de madera. Este software permite comparar esa captura con la base de datos de diferentes especies forestales a nivel mundial, y señalar las especies mal clasificadas o que puedan haber sido deforestadas ilegalmente.
Sin embargo, al tratarse de una tecnología del Servicio Forestal de Estados Unidos, su banco de especies era bastante limitado y apenas figuraban el cedro y la caoba de Sudamérica. Por ello, desde 2018 un equipo de especialistas en Perú, liderado por el Ministerio de la Producción, viene incorporando especies nacionales como el tornillo (Cedrelinga catenaeformis), una de las que más se extrae de la selva peruana, el azúcar huayo (Hymenaea oblongifolia Huber), entre otros.
“Pero no puede hacerse con cualquier muestra de madera”, aclaró a Diálogo Chino José Ugarte, investigador principal del proyecto Xylotron en el país. “Estamos usando muestras que tienen un respaldo botánico, recolectando no solo la madera sino también sus hojas, flores y frutos”, agregó el especialista del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera (CITEMadera) del ministerio a cargo de esta tecnología.
Para mayor precisión, se ampliará el banco a 41 especies maderables de las más comerciales de Perú. “De esa manera tendremos más eficacia en puertos, puestos de control y aduana marítima, en todos esos lugares donde hay que tomar decisiones rápidas”, explicó Ugarte sobre esta tecnología que apoyará a frenar a los traficantes que, entretanto, siguen poniendo en riesgo la sobrevivencia de árboles milenarios, como el shihuahuaco (Dipteryx) y el tornillo.
La fiebre del oro ha destruido los bosques que antes llenaban de vida a Madre de Dios, al sureste de Perú, que limita con Brasil y Bolivia. En 2017, la extracción de este codiciado metal llegó a niveles de crisis, arrasando casi 10.000 hectáreas de bosques, según el Centro de Innovación Científica Amazónica. La zona más crítica ha sido La Pampa, en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, que ese mismo año perdió 1685 hectáreas, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Hasta hace poco, iniciativas como el MAAP utilizaban imágenes ópticas del satélite para rastrear esa destrucción de la minería ilegal, pues sus efectos son visibles desde el espacio. Sin embargo, no llegaban a captarla durante la temporada de lluvias. Por unos cuatro meses, los mineros ilegales tenían de su lado la naturaleza.
“La minería se ejecuta a lo largo del año sin importar la temporada, pero el monitoreo que veníamos haciendo quedaba muy limitado en la época de lluvias por la mayor presencia de nubes”, dijo Sidney Novoa, experto de la ONG Conservación Amazónica, que lidera el MAAP. “La solución fue utilizar el radar, que es una tecnología capaz de penetrar las nubes y nos da información todo el año”.
Para llenar ese vacío de información, surgió en 2020 la Herramienta de Monitoreo de Minería con Radar (RAMI, por sus siglas en inglés), una tecnología que monitorea vía satélite y con radar el avance de la minería ilegal todo el año y genera alertas tempranas de nuevos frentes. Esta ha sido creada por Conservación Amazónica en el programa SERVIR-Amazonía de la NASA y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La herramienta ha sido adoptada por el Estado peruano y por los pueblos indígenas. Por ahora, precisa Novoa, esta tecnología solo detecta casos de minería como la de Madre de Dios, que genera pérdida de bosque y remoción de sustratos.
Para la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), organización representativa de los pueblos indígenas de esa región, rastrear la minería representa un gran riesgo para la vida de sus defensores. Como recuerdan, el año pasado Juan Julio Fernández Hanco fue asesinado tras 11 años de amenazas de parte de mineros ilegales.
Ahí es cuando tecnologías como RAMI son vitales para quienes monitorean los territorios indígenas. En el caso de la Fenamad, tienen a 53 personas vigilando 300.000 hectáreas de bosques ancestrales, de forma más eficaz y segura que nunca antes.
“Los veedores no ingresan donde están los mineros organizados de forma criminal, allí más bien usamos la tecnología para constatar que se está haciendo la deforestación”, explicó Alexander Noa Sillo, responsable del Programa de Veeduría Forestal creado en 2013 para vigilar sus territorios de posibles amenazas.
Al mes cada veedor realiza dos patrullajes en campo y envía una alerta por la aplicación Forest Link, la cual luego es verificada por técnicos de la federación. “Con RAMI contrastamos esas alertas y así alimentamos el informe legal para hacer las denuncias e interdicciones con autoridades”, detalló Noa.
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